Gálvez fue consultado por la contratación de Manuel Canelas y Leyla Medinaceli, exautoridades del gobierno de Evo Morales, además de los estrategas Pablo Cingolani y Walter Chávez. Según la información publicada por medios bolivianos, Canelas y Medinaceli fueron contratados por cooperación internacional, a pedido del entonces ministro de Economía José Gabriel Espinoza, para elaborar una estrategia de comunicación para el actual Gobierno. Chávez, por su parte, negó trabajar para la administración de Paz.
La respuesta del vocero se apoyó en una cuestión concreta: ser parte del MAS no constituye por sí mismo un delito. Y añadió que, si existe alguna acusación específica contra esas personas, corresponde presentar la denuncia y seguir el proceso respectivo.
En tanto en las calles de Bolivia se dice que la transformación del Estado no debería reducirse simplemente al cambio de personas. “Tiene que ser un servicio público”, se indica, poniendo el énfasis en el bienestar de la gente y no en una disputa permanente entre políticos.
Ese criterio permite separar dos asuntos que con frecuencia terminan mezclándose. Una cosa es la responsabilidad individual por un delito o una irregularidad, que debe establecerse mediante los procedimientos correspondientes; otra muy distinta es estigmatizar a alguien únicamente por haber militado en un partido o haber trabajado durante una determinada gestión de gobierno.
La alternancia democrática tampoco significa que cada cambio de administración deba convertir al Estado en una sucesión de purgas políticas. Quien recibe una función pública debe responder por ella, independientemente de dónde trabajó antes o qué partido apoyó. La vara, por tanto, debería ser conocida: idoneidad, cumplimiento de las responsabilidades asignadas, transparencia y servicio a la ciudadanía.
El debate tiene además una dimensión política. Algunos legisladores cuestionaron que un Gobierno que mantiene un discurso crítico sobre los 20 años de administraciones del MAS recurra a personas vinculadas con ese ciclo político. Otros plantearon que el problema no es la militancia sino el desempeño y la conducta de quienes ocupan funciones públicas.
En definitiva, ni la pertenencia al MAS debería ser una condena automática ni haber trabajado para el MAS debería otorgar un blindaje especial. La discusión más útil para el Estado es otra: que cada persona cumpla correctamente la función que le fue delegada y responda por sus actos. Porque el servicio público no debería premiar ni castigar por filiación política, sino exigir resultados y responsabilidad frente a la ciudadanía.
Por Equipo de redacción
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