La advertencia apunta al siguiente capítulo después de la eliminación de la subvención a los combustibles: cuánto del costo terminará pagando el ciudadano. Para una familia que depende del transporte público para trabajar, estudiar o trasladarse diariamente, duplicar una tarifa no es un ajuste menor. Es menos dinero disponible para comida, vivienda y otros gastos básicos. Por eso Doria Medina utiliza la expresión “mazazo”: un golpe económico que puede sentirse con mayor intensidad entre quienes tienen menos capacidad para absorber nuevos costos.
El transporte interdepartamental ya aparece como uno de los primeros frentes de presión. A la vez, los sindicatos urbanos plantean duplicar las tarifas. Si estas demandas avanzan sin un acuerdo, el precio del combustible podría convertirse en un efecto multiplicador sobre la movilidad cotidiana y, posteriormente, sobre el costo de bienes y servicios.
La propuesta de Doria Medina es que el Gobierno negocie y utilice subsidios localizados, dirigidos a sectores concretos, en lugar de retornar a una subvención generalizada. El objetivo sería amortiguar el impacto donde resulte más sensible sin reconstruir necesariamente el esquema anterior.
El segundo frente es el pan de batalla. Doria Medina plantea una negociación inmediata con los panificadores para preservar su precio, porque cualquier incremento en un alimento de consumo masivo tendría un efecto especialmente visible en los hogares de menores ingresos.
Y hay un tercer componente: empleo. Su propuesta de poner en marcha de inmediato un plan nacional de enlosetado busca convertir la capacidad de gasto público en una herramienta para generar miles de puestos de trabajo en distintas regiones del país. La lógica es sencilla: si el ajuste reduce el poder adquisitivo, el Estado necesita crear condiciones para que los ingresos de los hogares no caigan al mismo ritmo.
El mensaje político de fondo es directo: eliminar una subvención es una decisión fiscal; administrar el golpe social que produce es una tarea de gobierno. La discusión ya no está solamente en cuánto cuesta el combustible, sino en quién termina pagando el costo del ajuste y qué mecanismos se activan para evitar que el impacto recaiga principalmente sobre la economía popular.
“El tiempo corre”, remarca Doria Medina. Y ese reloj no mide solamente los días que tiene el Gobierno para negociar con los sectores movilizados: mide también cuánto puede tardar en llegar una respuesta antes de que el aumento de costos se convierta en un problema cotidiano para millones de bolivianos.
Por Equipo de redacción
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