El Gobierno de Rodrigo Paz tiene una explicación para el Decreto Supremo 5750: no aumenta las tarifas eléctricas, sino que modifica el mecanismo de actualización para adecuarlo a las variaciones del tipo de cambio.
Pero una cosa es lo que la norma establece expresamente y otra, el efecto que puede producir en el bolsillo de los consumidores.
El decreto modifica las fórmulas de actualización de distintos componentes del sistema eléctrico, incluidos los precios de energía y potencia, los peajes de transmisión y las tarifas base de distribución.
Estas fórmulas incorporan variables económicas que pueden incidir en los costos reconocidos. Por eso, el resultado dependerá de cómo se apliquen los nuevos parámetros y de la evolución de las variables consideradas.
El argumento oficial apunta a evitar incrementos abruptos mediante un mecanismo que tome en cuenta las variaciones cambiarias. Sin embargo, suavizar el impacto de esas variaciones no significa necesariamente eliminarlo.
Aquí aparece el problema de credibilidad. Si el Gobierno sostiene que los usuarios no pagarán más, debe respaldar esa afirmación con información verificable, no únicamente con declaraciones.
La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) debería publicar una comparación de las tarifas calculadas con la metodología anterior y la nueva, utilizando los mismos niveles de consumo.
Así se podrá establecer si existen diferencias, cuáles son sus causas y qué efecto tendrán sobre los hogares y las actividades económicas.
El debate no consiste en atribuirle al decreto un incremento uniforme que no fija expresamente. Consiste en conocer las consecuencias de cambiar el mecanismo que determina los componentes tarifarios.
Por Equipo de redacción
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