La descarga de Quiroga no se limita a una crítica opositora al desempeño presidencial. Su mensaje apunta a una cuestión mucho más delicada: la posibilidad de que el Estado haya cambiado de autoridades, pero conserve los mecanismos de protección que permiten que determinados casos de corrupción y narcotráfico no lleguen hasta sus verdaderos responsables.
El caso Marset concentra buena parte de esa indignación. Las imágenes del retiro de maletas de su vivienda, las cajas fuertes y las versiones contradictorias sobre su destino siguen generando interrogantes. Este jueves, la ANF informó que cuatro maletas fueron encontradas vacías en dependencias policiales del GEAT en La Paz. Además, un capitán declaró que debían ser trasladadas para su entrega a la Embajada de Estados Unidos. El contenido y el destino de los objetos continúan bajo investigación.
A esto se suman las denuncias sobre tráfico de oro, narcoavionetas, sicariato y los distintos audios que comprometen a actores políticos y funcionarios. Para Quiroga, el problema ya no es solamente la sucesión de escándalos, sino la ausencia de resultados que permitan establecer responsabilidades.
Su cuestionamiento alcanza directamente al fiscal general interino, José Armando Urioste Viera. Con una expresión cargada de ironía, pregunta si por su condición de interino es jurídicamente ciego y sordo. Y remata con una frase que resume su reclamo: «Demasiados escándalos, pocos avances investigativos y exceso de impunidad».
La interpelación tiene un destinatario institucional concreto. El Ministerio Público no puede limitarse a observar cómo se acumulan denuncias, audios y revelaciones públicas. Tiene la competencia de investigar hechos que presenten indicios de delitos, actuar de oficio cuando corresponda y conducir las investigaciones con independencia, sin importar quiénes aparezcan involucrados.
El reclamo también alcanza al Gobierno. Quiroga cuestiona que los ministros permanezcan en sus cargos pese a los escándalos y que no existan decisiones políticas contundentes frente a las denuncias. En su lectura, la falta de consecuencias termina debilitando la credibilidad de toda la administración.
El expresidente amplía después su crítica a la economía, el centralismo, las empresas públicas deficitarias, la caída de la producción de gas y la falta de reformas constitucionales y legales. Considera que el Gobierno está desperdiciando el mandato electoral que recibió en 2025.
Pero su advertencia más fuerte está dirigida al tiempo político: todavía queda un segundo año para cambiar de rumbo, aunque el tiempo perdido no regresa.
Por Equipo de redacción
About Author
