Día: 30 de octubre de 2026

La Resolución Ministerial 416, presentada como una respuesta para proteger los contratos suscritos antes del 26 de junio, abrió otra incertidumbre: ¿qué tipo de cambio corresponde aplicar a las obligaciones pendientes y quién asume la diferencia? Samuel Doria Medina cuestiona que una diputada anuncie como logro una disposición del Ministerio de Economía, mientras Cainco advierte que la norma no modifica contratos ni establece una cotización para cada cuota. Entre ambas posiciones queda una pregunta que el Gobierno todavía debe responder con precisión: ¿qué derechos tienen deudores y acreedores frente al nuevo escenario cambiario?

El Gobierno de Rodrigo Paz presentó su hoja de ruta financiera para 2027: menos déficit, una economía que todavía retrocede y miles de millones comprometidos en gasto público, inversión y subsidios. Pero detrás de las cifras hay una decisión que trasciende la contabilidad: el Estado seguirá administrando los recursos sin modificar todavía las reglas de distribución que reclaman las regiones. El famoso 50/50, anunciado como una transformación del modelo fiscal boliviano, no entró en el presupuesto. La austeridad comienza a tomar forma; la descentralización financiera sigue esperando.

Los audios de Cerimedo se han convertido en una novela política en la que sobran versiones, negaciones y acusaciones de manipulación, pero falta lo esencial: que alguien establezca qué es verdad. Mientras los protagonistas se desmarcan de las conversaciones y la Fiscalía admite limitaciones para verificar evidencias digitales, el Estado anuncia una Dirección de Cibercrimen. La pregunta ya no es solamente si los audios son auténticos, sino si la justicia boliviana tiene capacidad y voluntad para llegar hasta el fondo. A estas alturas, sería de caballeros y damas decir su verdad; a la Fiscalía le corresponde demostrarla con evidencias.