La denuncia, presentada por el exministro de Economía del gobierno de Jeanine Áñez, Branko Marinkovic, señalaba a Evo Morales por presuntos delitos de trata y abuso de menores, basándose en supuestas evidencias que no lograron sostenerse ante la revisión judicial en Argentina. Según el fallo del juzgado, los documentos y testimonios ofrecidos no cumplían con los estándares legales necesarios para avanzar con una investigación formal, lo que llevó a la desestimación del caso.
La resolución judicial se da en un contexto marcado por acusaciones cruzadas entre actores políticos bolivianos. Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), ha denunciado en reiteradas ocasiones que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de desprestigio impulsada por sectores opositores a su gestión.
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