El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ratificó que la Policía ejecutará la orden de aprehensión contra Evo Morales si es encontrado en las calles de La Paz, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido en un proceso por presunta trata de personas en Tarija. Esta medida se produce en medio de tensiones políticas, mientras seguidores de Morales se movilizan hacia la capital para respaldar su candidatura presidencial, a pesar de su inhabilitación por el Tribunal Constitucional.
Del Castillo instó a Morales a entregarse voluntariamente, advirtiendo que su presencia en la ciudad activará la ejecución del mandato. Además, acusó al líder del MAS de intentar «convulsionar» el país mediante estas movilizaciones, que podrían derivar en enfrentamientos.
La orden de aprehensión fue ratificada tras un intento fallido de anulación por una jueza en Santa Cruz. Morales, desde su bastión en el Trópico de Cochabamba, ha calificado el proceso como una persecución política para bloquear su participación en las elecciones de agosto de 2025.
Mientras tanto, el gobierno de Luis Arce ha subrayado su intención de hacer cumplir la ley sin generar violencia, profundizando la fractura interna del MAS y agudizando la crisis política en el país.
En respuesta, el equipo jurídico del ala «evista» del MAS, liderado por Cecilia Urquieta, presentó este 15 de mayo una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta acción busca proteger los derechos políticos de Morales y sus seguidores, argumentando que la sentencia del TCP, que prohíbe la reelección por más de una vez, vulnera sus derechos al usurpar funciones del Tribunal Supremo Electoral y modificar implícitamente la Constitución.
Redacción central y agencias
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