La localidad minera de Llallagua, en el norte de Potosí, Bolivia, atraviesa una profunda crisis tras los violentos enfrentamientos de horas precedentes de este mes de junio, que dejaron varios fallecidos —incluidos dos subtenientes de la Policía Boliviana— y decenas de heridos. Los disturbios estallaron en medio de bloqueos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen su habilitación como candidato para las elecciones de agosto.
Ante la gravedad del conflicto, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se pronunció de forma contundente, condenando los hechos como parte de una creciente “espiral de odio y muerte”. “Ninguna causa justifica la pérdida de vidas humanas”, afirmó la CEB, expresando su solidaridad con las familias de las víctimas y con las comunidades afectadas por los bloqueos, que sufren escasez de alimentos y medicinas. Monseñor Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre, hizo un llamado directo a los sectores movilizados: “Depongan las medidas de presión. No más dolor para el país”.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El presidente Luis Arce calificó la jornada como una de las más trágicas de la historia reciente, y anunció que se hará justicia. Mientras tanto, un contingente militar y policial ha sido desplegado para retomar el control en la zona, donde la población local ha erigido barricadas para proteger el municipio. La Cancillería boliviana denunció los hechos como un intento de desestabilización que excede cualquier forma legítima de protesta.
El Ministerio Público abrió investigaciones formales contra los presuntos responsables, mientras el país entero observa con temor una escalada de violencia. Con las elecciones en el horizonte, el pronunciamiento de la Iglesia Católica emerge como un clamor por la vida, el diálogo y la reconciliación, en un país que parece que el odio y el interés personal son más importantes que la vida.
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