“Tenemos la acusación formal, que fue presentada al Juzgado de Instrucción Penal de La Paz, donde se tiene entre ellos varios responsables que fueron calificados por hechos ilícitos como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, entre otros”, informó el fiscal Daniel Portales.
La Fiscalía Departamental de La Paz formalizó en mayo de este año la acusación contra 15 personas, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, por su presunta responsabilidad en el millonario desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc). Pese a que el daño económico solo en esta etapa supera los 10 millones de bolivianos, las penas solicitadas oscilan entre 4 y 8 años de prisión, según el grado de responsabilidad.
Entre los acusados figuran además Elvira Parra, exdirectora del Fondioc; la exdirigente indígena Melva Hurtado; y el actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, quien mantiene su cargo político a pesar del proceso penal en su contra.
El Ministerio Público identificó 153 proyectos observados, los cuales recibieron desembolsos de entre Bs 200.000 y Bs 500.000 cada uno, pero que no fueron ejecutados o quedaron inconclusos, causando un daño económico que supera los Bs 10 millones.
“Son 153 proyectos que se denunciaron por haber desembolsado montos de dinero y así mismo denotar un incumplimiento y falta de ejecución de los mismos (proyectos); por esta razón, se ha ejecutado la denuncia contra varias altas autoridades”, explicó Portales.
A pesar de la acusación formal presentada hace más de dos meses, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción 12 aún no ha derivado el caso a un tribunal de sentencia. La Fiscalía espera que se convoque a la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria.
“Estamos a la espera para que la autoridad de sentencia penal pueda convocarnos a audiencia de juicio oral público y contradictorio”, indicó Portales, citado por Erbol.
Penas menores para un daño mayor
Según el Código Penal boliviano, los delitos atribuidos —conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado— contemplan penas que no superan los 8 años, lo que genera cuestionamientos sobre la proporcionalidad entre el daño ocasionado y las posibles sanciones.
Analistas sostienen que el caso Fondioc, pese a su magnitud, podría terminar con condenas que no reflejan la gravedad del perjuicio al Estado y a las comunidades indígenas originarias campesinas, que eran las destinatarias de esos recursos.
Retrasos que alimentan sospechas
La tardanza en la instalación del juicio oral y la permanencia de algunos acusados en cargos públicos alimentan las dudas sobre la voluntad política y judicial de sancionar efectivamente este caso emblemático.
Bolivia aún enfrenta el desafío de actualizar su marco legal y fortalecer sus instituciones para sancionar con firmeza la corrupción pública a gran escala. El caso Fondioc podría convertirse en otro símbolo de impunidad si el sistema judicial no actúa con celeridad y proporcionalidad.
Redaccion central
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