Jue. Ago 27th, 2026

Intervención en Sustancias Controladas revela favores en permisos de combustible

Por instrucción directa del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, la distrital de La Paz de la Dirección General de Sustancias Controladas fue intervenida tras denuncias de favorecimiento irregular en la emisión de certificados para la importación y comercialización de combustibles. El hecho pone en tela de juicio la transparencia en la distribución de autorizaciones en un contexto de flexibilización estatal sobre la importación de hidrocarburos. Ríos asegura que la acción responde a un compromiso institucional y no a presiones políticas, y advierte que ya se identificaron indicios de responsabilidad administrativa e incluso penal, mientras se aguarda el informe de una comisión encabezada por la Unidad de Transparencia.

La Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), distrital La Paz, fue intervenida la anterior semana por instrucción del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, debido a denuncias de presunto favorecimiento en la entrega de certificados de registro y autorizaciones para la importación y comercialización de combustibles.

La intervención fue ejecutada por una comisión multidisciplinaria encabezada por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, en respuesta a informes que advertían procedimientos irregulares y vulneración de la normativa vigente. «Yo he sido la autoridad que ha instruido la intervención (…) no así como un diputado trata de entrever», declaró el ministro Ríos en puertas del Palacio Quemado, desmarcándose de acusaciones políticas.

La DGSC tiene un rol clave desde que el Gobierno nacional autorizó, a través de normativa específica, la importación de combustibles tanto para consumo propio como para su comercialización. El ministro señaló que, en sus primeras semanas de gestión, tuvo conocimiento de que algunas empresas habrían accedido a los permisos sin cumplir con los requisitos legales.

Durante la intervención se precintaron las oficinas distritales, se recuperó información del sistema interno y se resguardó toda la documentación para evitar la pérdida o manipulación de evidencias. “Se ha solicitado a la comisión que emita su informe de manera inmediata, el cual probablemente contenga posibles indicios ya sea de responsabilidad administrativa y no se descarta responsabilidad penal”, explicó.

En el marco del proceso administrativo ya se constató que algunas empresas no contaban con la documentación requerida al momento de tramitar los permisos. Esto llevó a la destitución de varios funcionarios, aunque el ministro no precisó el número exacto.

En el caso del responsable de la distrital, quien tiene inamovilidad laboral, se procedió a su remoción del cargo y reubicación temporal en otra dependencia mientras avanza la investigación. Ríos reiteró que no se protegerá a nadie y que se garantizará el esclarecimiento de los hechos. “El tema es que se esclarezca y que tanto el Ministerio Público como la administración de justicia establezcan la verdad material y no pase a ser simplemente una denuncia más”, concluyó.

Redaccion central

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