Sucre, 5 de agosto de 2025. – A casi 17 años de la trágica “Masacre de Porvenir”, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló el juicio ordinario que en 2017 condenó al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y ordenó que el caso retorne a la Fiscalía General del Estado para que, si corresponde, se lo procese mediante juicio de responsabilidades, respetando el fuero que ostentaba como autoridad electa en 2008.
La resolución del máximo tribunal, basada en la Sentencia Constitucional 405/2023-S4, reconoce que el proceso judicial que mantuvo privado de libertad a Fernández durante más de cinco años, y lo persiguió por más de una década, se llevó adelante por una vía incompetente.
La determinación no solo tiene repercusiones jurídicas, sino también profundas implicancias políticas y humanas. Fernández, en su momento símbolo de la oposición autonomista, fue detenido en septiembre de 2008 tras los enfrentamientos en Porvenir, donde murieron al menos 13 campesinos y dos funcionarios. Fue procesado por terrorismo, homicidio y otros delitos. En 2017 fue sentenciado a 15 años de prisión, aunque posteriormente obtuvo libertad bajo medidas sustitutivas. En 2019 se le concedió libertad plena, pero sin que se anulara la condena hasta ahora.
Hoy, el TSJ declara que ese proceso fue inválido desde su origen. ¿Y el tiempo perdido? ¿Y la cárcel? ¿Y el estigma de una condena que ahora se reconoce jurídicamente nula?
La pregunta ya se instala con fuerza en el debate público: ¿puede el Estado boliviano reparar el daño causado a una persona juzgada y sentenciada por una vía inconstitucional? Fernández podría activar mecanismos tanto nacionales como internacionales para exigir reparación por la vulneración de sus derechos fundamentales.
Además, el fallo podría abrir la puerta a una revisión de otros procesos judiciales similares, y fortalecer los argumentos de quienes denunciaron durante años una justicia instrumentalizada para perseguir opositores.
La Fiscalía General deberá decidir ahora si activa un nuevo juicio bajo las condiciones del régimen de responsabilidades, con aval de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el tiempo, las pruebas, y la legitimidad misma del proceso, hoy lucen seriamente desgastados.
Por Alberto Camacho para CalleBolivia
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