El candidato presidencial de la alianza Libertad y República (Libre), Jorge Tuto Quiroga, aseguró que “muchos presos políticos” serán liberados antes del 8 de noviembre, fecha en la que asumirá el nuevo gobierno tras las elecciones generales previstas para ese año. La declaración surge a raíz de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló el juicio ordinario contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por los hechos de Porvenir en 2008, y ordenó que el caso se tramite mediante un juicio de responsabilidades.
En un contexto político marcado por la tensión entre el oficialismo y sectores opositores, Quiroga interpretó el fallo como una señal de que el sistema judicial podría estar reorientando sus acciones hacia una mayor imparcialidad. A su juicio, esta decisión no solo representa una reparación para Fernández, sino también una advertencia de que podrían revisarse otros casos similares de actores políticos procesados.
“Hoy (Leopoldo Fernández) recibe justicia años después. Yo creo que eso estimula a algunos a querer volver, seguramente es la señal de que no va a ser después del 8 de noviembre; el camino al 8 de noviembre va a ver actos de justicia y de liberación para muchos”, afirmó el exmandatario en declaraciones a medios nacionales.
El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Penal, determinó que el juicio ordinario seguido contra Fernández por la masacre de Porvenir fue inconstitucional, ya que, al ser autoridad electa como prefecto, debió ser sometido a un juicio de responsabilidades. Esta vía está contemplada en el artículo 184 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que las exautoridades que hayan sido electas deben ser procesadas por el TSJ con previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Esta normativa fue reforzada por la Ley N° 044, que regula los juicios de responsabilidades para altos funcionarios del Estado, y establece que cualquier otro procedimiento ordinario seguido contra estas autoridades resulta nulo de pleno derecho.
El fallo del TSJ implica, en la práctica, que el proceso judicial contra Fernández se retrotrae hasta la etapa previa a la acusación, y dependerá ahora del Parlamento decidir si se autoriza un nuevo juicio. En tanto, la resolución deja sin efecto cualquier sentencia o condena derivada del proceso ordinario.
Con este antecedente, Tuto Quiroga mencionó que otros actores políticos actualmente detenidos podrían beneficiarse de una revisión similar de sus procesos. Mencionó específicamente a la expresidenta Jeanine Áñez, al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y al dirigente potosino Marco Antonio Pumari, todos ellos privados de libertad bajo causas que han sido señaladas como judicialización de la política.
“Lo que ha hecho el TSJ en el caso de Leopoldo, si se aplica con coherencia jurídica, también alcanza a quienes ejercieron funciones como autoridades electas y fueron procesados ordinariamente. No se trata de impunidad, sino de aplicar la ley con igualdad”, remarcó Quiroga.
Según su interpretación, el sistema judicial estaría dando señales de querer “corregir errores”, y por tanto podrían producirse liberaciones antes de que el nuevo gobierno asuma funciones el 8 de noviembre. Este escenario se convertiría, además, en un eje discursivo de campaña, donde se pondrá en debate el uso del sistema judicial como herramienta política durante la actual gestión.
Redaccion central
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