El Gobierno nacional identificó a seis municipios del Valle de Cochabamba, particularmente en la región del Trópico, como zonas con potencial riesgo de conflictividad durante las elecciones generales previstas para el 17 de agosto.
“Actividades de inteligencia han permitido focalizar algunas áreas de conflicto que están siendo ya controladas. Se está trabajando bajo dos mecanismos: uno preventivo, que incluye la presencia institucional, y otro de control posterior a la votación para evitar intentos de sabotaje”, afirmó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, en contacto con los medios.
Los municipios mencionados incluyen Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Ivirgarzama, Lauca Ñ y otros sectores donde, según el Gobierno, se habrían detectado señales de desestabilización, amenazas de boicot electoral e incluso advertencias de quema de ánforas. En respuesta, se implementaron operativos conjuntos entre la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo de garantizar una jornada democrática pacífica y la seguridad del voto.
La preocupación por la seguridad electoral coincide con las advertencias realizadas por dirigentes del ala radical del MAS, que han cuestionado la legitimidad del proceso electoral al que consideran parcializado. Algunos sectores han insinuado desconocer los resultados si sus demandas no son escuchadas, lo cual ha generado tensiones con el Gobierno central y ha motivado la adopción de medidas de seguridad reforzadas.
Aguilera enfatizó que el sistema de transmisión de resultados funciona en tiempo real, lo que —según explicó— neutraliza cualquier intento de desconocer el resultado electoral por medios violentos. “La transmisión se hace de manera inmediata, lo que garantiza la validez del voto. Cualquier medida de presión no solo es antidemocrática, sino también inefectiva”, remarcó.
Como parte del despliegue, personal de inteligencia y funcionarios del Ministerio de Gobierno, en coordinación con el TSE, fueron desplazados a los puntos considerados críticos. El objetivo es prevenir acciones que puedan “intentar sitiar la democracia con amenazas”, sostuvo Aguilera.
“Hay sectores que no quieren festejar esta fiesta democrática, como lo haremos todos los bolivianos. Frente a esto, estamos actuando con firmeza, pero también con respeto a la institucionalidad y al derecho al voto”, concluyó el viceministro.
Redaccion central y agencias
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