En Bolivia, abundan las promesas políticas con gran atractivo social, pero pocas logran sostenerse cuando se las somete a la rigurosidad de los números. La propuesta del candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, de incrementar la Renta Dignidad a Bs 2.000 mensuales para jubilados sin pensión, es un ejemplo evidente de este divorcio entre discurso y realidad fiscal.
La aritmética que nadie quiso hacer
Actualmente, 1,4 millones de adultos mayores reciben la Renta Dignidad con un pago de Bs 350 mensuales (para quienes no tienen pensión). El costo anual de este beneficio alcanza los Bs 5.880 millones. La propuesta de Lara multiplica por casi seis el monto, elevando el gasto a Bs 33.600 millones anuales, lo que implica un costo adicional de Bs 27.720 millones (equivalentes a cerca del 10% del PIB).
Las fuentes de financiamiento anunciadas por Lara —eliminar las rentas vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes, junto con los salarios y viáticos de diputados supraestatales— apenas liberarían Bs 4,3 millones anuales. En términos relativos, ese ahorro representa solo el 0,016% del costo adicional requerido. En otras palabras, es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua.
Bolivia arrastra un déficit crónico, reservas internacionales en caída y presiones inflacionarias por la depreciación del boliviano en el mercado paralelo. En este contexto, la propuesta de Lara no solo es insostenible, sino que también abre un debate incómodo: ¿qué tan responsables son los políticos al lanzar ofertas sin sustento económico?
El economista Gonzalo Chávez bautizó esta iniciativa como un caso de “matemática a la boliviana”. Con la analogía de las salteñas, explicó que los Bs 4,3 millones de ahorro equivaldrían a comprar 866 mil salteñas, mientras que el gasto adicional implicaría pagar más de 5.500 millones de estas.
La desproporción es tal que la propuesta se convierte en una fórmula populista: mucho ruido, pero sin solvencia para cumplirse.El caso de Lara es un recordatorio de cómo en época electoral los discursos suelen primar sobre los números. La propuesta puede generar simpatías inmediatas, pero sin un plan serio de financiamiento —reforma tributaria, optimización del gasto público o fortalecimiento del Fondo Solidario— se convierte en una promesa incumplible.
Redaccion central
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