Mar. Nov 17th, 2026

Desistimiento no frena proceso: Fiscalía mantiene orden de aprehensión contra Marcelo Arce

La denunciante que había iniciado un proceso penal contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, presentó un memorial de desistimiento en Santa Cruz. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado confirmó que la orden de aprehensión continúa vigente, pues se trata de un delito de acción pública que no depende exclusivamente de la voluntad de la víctima.

La mujer que denunció violencia familiar decidió, de forma voluntaria, desistir del proceso, alegando que recibió disculpas y que no desea seguir adelante. En su memorial aclaró que no existió coacción ni presión externa.

Pese a ello, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, ratificó que la Policía tiene la obligación de ejecutar la orden de captura contra Marcelo Arce Mosqueira, y que incluso podrían activarse alertas internacionales de Interpol si se confirma que se encuentra fuera del país.

La razón jurídica es clara: el artículo 272 bis del Código Penal boliviano tipifica la violencia familiar como delito de acción pública, lo que significa que el Estado, a través del Ministerio Público, tiene la obligación de investigar y procesar de oficio cuando existen indicios de su comisión, señala el abogado Juan Gonzáles.

Además, la Ley 348 “Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” refuerza este mandato, estableciendo que la acción penal en estos delitos es “pública, imprescriptible e inextinguible por desistimiento de la víctima”.

De esta forma, el retiro de la denuncia no extingue el proceso. El artículo 27 del Código de Procedimiento Penal establece que la acción penal solo se extingue por causas específicas como amnistía, indulto, muerte del imputado o prescripción, entre otras, pero no por desistimiento en casos de violencia de género.

Por lo tanto, aunque la víctima ya no impulse el caso, el Ministerio Público puede y debe continuar con la investigación, en resguardo de un bien jurídico protegido por el Estado: el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El caso ha generado amplio debate por involucrar al hijo del presidente en ejercicio, y porque la decisión de la denunciante coincide con un fuerte impacto mediático. Organizaciones feministas han advertido que el desistimiento no debería interpretarse como cierre del caso, recordando que la violencia familiar es un delito estructural que debe ser combatido desde el ámbito público.

De modo tal, que en el caso presente, el desistimiento voluntario de la denunciante no frena el proceso penal. La Fiscalía está obligada a continuar con la búsqueda y eventual imputación de Marcelo Arce Mosqueira, lo que ratifica la vigencia de la acción pública en delitos de violencia familiar.

Redacción central Santa Cruz

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