La posibilidad de una investigación integral abre la puerta a revisar no solo los manejos financieros de las empresas estatales, sino también la pertinencia de millonarias adquisiciones de equipos y sistemas realizadas en distintos sectores. El patrón de sobrecostos, compras sin planificación técnica y proyectos que nunca llegaron a operar con eficiencia es un denominador común que amenaza con revelar pérdidas fiscales de magnitudes desconocidas.
En YPFB, la sombra de contratos cuestionados convive con la urgencia de mantener ingresos hidrocarburíferos en caída. En Emapa, las irregularidades comprometen la estabilidad del abastecimiento alimentario. Pero analistas advierten que otros sectores —como salud, educación, telecomunicaciones, minería y otros— también podrían quedar bajo la lupa, dado que en todos ellos existen equipamientos costosos, mal utilizados o directamente inutilizados.
El reto para el próximo gobierno no será menor. Asumir una auditoría profunda significaría demostrar voluntad de transparencia, aunque el costo político sea alto: destapar redes de corrupción que atraviesan gestiones de diferentes colores y comprometer la legitimidad de quienes se beneficien con el silencio. Postergar o maquillar estas auditorías, en cambio, alimentaría la percepción de impunidad y debilitaría aún más la confianza ciudadana, dice el contador Público, Mario Campos.
En este escenario, el rol del Ministerio Público y de la justicia será decisivo. Si se convierten en actores activos del proceso, podría iniciarse un ciclo de rendición de cuentas inédito en la historia reciente. Pero si se limitan a actuaciones selectivas, el resultado será un incremento de la polarización y el descrédito institucional.
Bolivia se acerca a un punto de quiebre: la transparencia ya no deberá ser solo un discurso, sino un desafío que pondrá a prueba la solidez del Estado. La auditoría que hoy parece un fantasma puede convertirse en el gran juicio político, económico e institucional de la próxima gestión.
Redacción central La Paz
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