El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, exigió la renuncia de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes acusó de vulnerar la Carta Magna y dañar la democracia. Su reclamo reabre el debate sobre la supremacía constitucional y el límite del poder judicial en un contexto de vacíos legales y desconfianza institucional.
La Constitución Política del Estado (CPE) es categórica en su artículo 410: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa”. Sin embargo, los magistrados del TCP, cuyo mandato venció, decidieron continuar en funciones amparados en el Auto Constitucional 0113/2024-O, que les permite permanecer hasta la elección de nuevas autoridades. El problema, según Saucedo y varios constitucionalistas, es que ningún fallo puede colocarse por encima de la propia Constitución, que en sus artículos 183 y 188 fija un mandato de seis años sin reelección para los magistrados del TSJ y del TCP. Por tanto, cualquier extensión sin reforma previa constituye una violación directa del principio de supremacía constitucional.
Desde Sucre, sede del Órgano Judicial, Saucedo fue enfático: “Renuncian inmediatamente porque no gozan de legalidad ni legitimidad, o esperen ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”. El titular del TSJ recordó que el Senado ya aprobó una ley para cesar a los magistrados prorrogados y que falta el tratamiento en Diputados. El trasfondo es una pugna entre el respeto al texto constitucional y la necesidad de garantizar continuidad institucional en tanto no se elijan nuevos jueces.
Los magistrados del TCP defienden su permanencia con el argumento de la “continuidad funcional” para evitar un vacío jurídico. Pero desde el punto de vista del Derecho Constitucional, este razonamiento no se sostiene. El mandato judicial no admite prórrogas automáticas, y solo una reforma constitucional o ley específica puede habilitar la extensión del mandato. De lo contrario, se incurre en usurpación de funciones públicas, sancionada por el artículo 154 del Código Penal. Además, el TCP no puede emitir un fallo que lo beneficie directamente, ya que estaría actuando como juez y parte, lo que viola el principio de imparcialidad judicial y genera un conflicto de interés institucional.
Permitir que magistrados se autoprorroguen crea un precedente peligroso: abre la puerta a que cualquier órgano del Estado invoque “vacío institucional” para extender su mandato. Este tipo de prácticas erosionan la legitimidad democrática y debilitan la confianza ciudadana en la justicia, ya golpeada por la falta de elecciones judiciales y la creciente politización del sistema. El constitucionalista Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente del país y expresidente del Tribunal Supremo, ya había advertido que la prórroga de mandatos “vulnera la Constitución y genera un deterioro profundo en la institucionalidad democrática”.
El conflicto actual no solo revela una pugna jurídica, sino un fracaso político: la Asamblea Legislativa no logró consensuar la preselección de candidatos para renovar las altas cortes. Esa omisión generó un vacío que el TCP pretende cubrir con un fallo interpretativo, pero que —desde el punto de vista jurídico— rompe el equilibrio de poderes y desnaturaliza la supremacía constitucional.
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