TCP

La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, afirmó que la interpelación y la eventual destitución de ministros por censura continúan plenamente vigentes en el ordenamiento jurídico boliviano. La autoridad precisó que ninguna sentencia constitucional ha eliminado esta atribución fiscalizadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aunque sí se declaró inconstitucional la restricción que impedía al Presidente volver a designar a un ministro censurado por un periodo de tres años.

La crisis de los magistrados autoprorrogados llegó a su punto final: primero pretendieron retirarse con 10 días de gracia, pero la Sala Constitucional de Potosí los frenó en seco con un cese inmediato que deja sin efecto cualquier intento de legitimación. Mientras tanto, la denuncia penal en Sucre avanza sin pausa y podría definir responsabilidades más allá de la salida administrativa. La contundente frase de Eduardo Rodríguez Veltzé resume el clima institucional: “Se van… pero no sin rendir cuentas”.

La admisión de la denuncia contra cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional abre un punto de quiebre institucional. Ahora la Fiscalía deberá sustentar, con argumentos jurídicos, si la prórroga de sus mandatos fue compatible con la Constitución o si configuró una vulneración grave al principio de temporalidad del cargo.