Bolivia enfrenta un deterioro progresivo de su institucionalidad democrática. Los más recientes informes nacionales e internacionales advierten que la justicia politizada, la prórroga de mandatos judiciales vencidos y las restricciones a libertades fundamentales han creado un clima de desconfianza y alerta institucional, justo en la época electoral.
El Reporte de la Democracia 2025 del Centro de Estudios Populi, basado en indicadores del proyecto V-DEM, ubica a Bolivia en los últimos lugares del desempeño democrático: puesto 115 en los índices liberal e igualitario, y puesto 34 en el índice participativo. Los datos muestran una ciudadanía activa pero un Estado de derecho debilitado, donde las instituciones pierden legitimidad frente a la presión política.
La red Unitas, en su informe “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024”, registró 915 vulneraciones a derechos fundamentales durante el año pasado. Más de la mitad, un 57 %, corresponden a ataques directos contra la institucionalidad democrática, con denuncias de acoso político, procesos sin garantías y corrupción en la administración de justicia.
La International Commission of Jurists (ICJ) también advirtió sobre la politización del proceso de preselección judicial y la permanencia de magistrados cuyos mandatos constitucionales ya vencieron. “Estas irregularidades minan la confianza pública en la justicia y en el principio de independencia judicial”, señala el organismo.
En paralelo, la libertad de prensa y expresión enfrenta momentos críticos. El informe de Unitas reporta agresiones, amenazas y restricciones de acceso a la información contra periodistas, mientras que el propio Tribunal Supremo Electoral ha reconocido la urgencia de fortalecer la institucionalidad electoral mediante mayor transparencia y gobernanza participativa.
Analistas consultados consideran que la falta de independencia judicial y la debilidad institucional pueden traducirse en un “autoritarismo blando”, donde las formas democráticas persisten, pero los contrapesos dejan de funcionar. Este fenómeno, advierten, podría agravar la polarización política y social.
Organizaciones y expertos proponen reformas urgentes: revisar el sistema de selección de jueces y magistrados, evitar prórrogas inconstitucionales, fortalecer los mecanismos de transparencia y garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. También insisten en una educación cívica más sólida que recupere la confianza ciudadana en las instituciones.
Bolivia se encuentra ante una encrucijada democrática. O recupera la independencia de sus instituciones y la credibilidad del sistema judicial, o se arriesga a consolidar un modelo en el que las leyes se cumplan solo a conveniencia, y la democracia se limite a una formalidad sin contenido real.
Redacción central Cochabamba
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