Mar. Nov 17th, 2026

El oro como último recurso: la venta anticipada del BCB revela la crisis de liquidez del Estado

Mientras la Fiscalía recibe una denuncia formal contra el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el trasfondo del caso va más allá de una interpretación legal: el país parece haber llegado al punto en que necesita monetizar su oro para sostener sus gastos esenciales.

La denuncia penal, presentada por un dirigente alteño y su abogado, acusa a las autoridades de haber incurrido en delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias al permitir la venta anticipada de parte de las reservas de oro. Pero más allá del plano jurídico, lo que expone el caso es un dato que inquieta a los analistas: el BCB tuvo que desprenderse de su metal más valioso para conseguir liquidez.

De acuerdo con los datos oficiales, Bolivia mantiene 23,82 toneladas de oro, de las cuales solo 5,78 toneladas están en bóvedas nacionales. El resto —más de 16 toneladas— se encuentra depositado o comprometido en bancos internacionales, bajo la figura de “pignoración”, es decir, entregadas como garantía para acceder a financiamiento externo.

El propio presidente del BCB admitió que las operaciones anticipadas permitieron cubrir obligaciones de deuda externa y garantizar la importación de combustibles, dos rubros que presionan las arcas públicas ante la caída de las reservas internacionales, que actualmente se ubican en su nivel más bajo en dos décadas.

Según datos del propio ente emisor, las reservas internacionales netas (RIN) cayeron por debajo de 1.600 millones de dólares, de los cuales menos de la mitad es efectivo disponible. El resto está compuesto por activos de difícil conversión inmediata, principalmente oro.

En ese contexto, la Ley 1503 de 2023, que autoriza al BCB a realizar operaciones de compra, canje o venta de oro, se convirtió en un instrumento de emergencia. Aunque legalmente permite operaciones financieras con el metal, la polémica surge por el límite de 22 toneladas que deberían permanecer como reserva estratégica del país, y sobre todo, por la interpretación de si esa reserva debe estar físicamente en Bolivia o solo en custodia extranjera.

Economistas advierten que estas maniobras son señales de una presión fiscal extrema. La venta o pignoración del oro, dicen, puede ser útil para ganar tiempo, pero implica un riesgo serio para la estabilidad del boliviano: si las reservas se agotan o quedan comprometidas, el país pierde su respaldo monetario y su capacidad de respuesta ante shocks externos.

Redacción central Cochabamba

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