El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, anunció que la cita reunirá a representantes del Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, las facultades de Derecho y el nuevo Ejecutivo. El objetivo declarado es debatir ejes como la independencia judicial, la reforma institucional y la modernización del sistema.
“El debido proceso está de vuelta y no habrá impunidad”, afirmó Saucedo en su convocatoria, subrayando que el encuentro busca “construir confianza” en la justicia y reencaminar la institucionalidad del Estado.
No obstante, especialistas en derecho constitucional advierten que el TSJ carece de potestad normativa para modificar la estructura del sistema judicial o redefinir el mecanismo de elección de magistrados. Tales atribuciones recaen exclusivamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de reformas legales o, si el consenso lo amerita, constitucionales.
En ese marco, la nueva ALP —renovada junto con el próximo gobierno— tendrá la responsabilidad de interpretar el diagnóstico judicial y transformarlo en un paquete normativo integral. Ello implicaría revisar las leyes del Órgano Judicial, del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura, además de establecer un nuevo equilibrio presupuestario que garantice independencia y transparencia.
El encuentro del 9 de noviembre, por tanto, no es un fin en sí mismo, sino un preludio técnico y político. Su resultado dependerá de si el Legislativo logra traducir la crisis judicial en políticas públicas sostenibles y en una reforma que recupere la credibilidad perdida del sistema.
Redacción central Cochabamba
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