El anuncio del presidente Rodrigo Paz de aplicar arancel cero a celulares, computadoras y otros productos tecnológicos que no se producen en Bolivia abrió expectativas sobre una posible reducción de precios y una modernización real del acceso a tecnología. La medida, que podría formalizarse vía Decreto Supremo o incorporarse en la actualización anual del Arancel Aduanero, busca combatir el contrabando, transparentar importaciones y facilitar la transformación digital del país. Sin embargo, su alcance práctico depende de un engranaje más amplio que incluya al sistema financiero.
Actualmente, la ASFI mantiene una regulación clave que afecta el comercio digital: las compras con tarjeta en el exterior de hasta USD 100 no pagan comisión, pero todo monto superior queda sujeto a un recargo variable. Aunque la autoridad defiende que la norma beneficia a la mayoría de los tarjetahabientes, en la práctica limita las compras legítimas de tecnología, pues casi cualquier dispositivo —desde un teléfono de gama media hasta una laptop básica— supera ampliamente el umbral de los cien dólares. La consecuencia es que el acceso a equipos importados termina condicionado no por el arancel, sino por la propia regulación financiera.
Esta coexistencia —arancel cero por un lado, límite de USD 100 por otro— genera una contradicción estructural. El Gobierno quiere incentivar importaciones legales y accesibles, pero las restricciones del sistema bancario fomentan soluciones informales: dividir pagos, recurrir a intermediarios, usar métodos no bancarizados o directamente acudir al contrabando digital. En términos de trazabilidad, seguridad financiera y control de riesgos, el efecto es contrario al buscado. Una política pública diseñada para abrir puertas termina, sin ajustes, encontrando un cuello de botella técnico, indica Sandra Barrios economista de la UMSA.
Para que el arancel cero sea una medida efectiva y no solo aspiracional, el Ejecutivo y la ASFI deben coordinar un ajuste progresivo del límite de transacciones externas, elevándolo a un nivel coherente con los precios reales de la tecnología. Incrementar el umbral permitiría compras más transparentes, reduciría incentivos al contrabando y fortalecería el rol del sistema financiero en la modernización económica. Solo con esa articulación —aduanas + banca— se podrá cumplir la promesa de que la tecnología llegue a los bolivianos sin trabas, sin sobrecostos y sin rutas informales.
Redacción central Cochabamba
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