El nuevo Gobierno se prepara para solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una excepción al calendario presupuestario para remitir el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 recién en febrero, rompiendo el plazo ordinario establecido por la Ley 2042 de Administración Presupuestaria. Aunque la normativa exige que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley antes del 31 de octubre y que la ALP lo apruebe hasta el 31 de diciembre, la crisis fiscal heredada obliga a una reformulación integral del presupuesto, lo que hace inviable continuar con el procedimiento tradicional.
Desde el punto de vista jurídico, el sustento radica en dos mecanismos: la prórroga automática del presupuesto anterior —que permite mantener la continuidad del gasto público mientras se aprueba un nuevo PGE— y la posibilidad de que la ALP apruebe una ley corta de excepción, habilitando al Ejecutivo a presentar el presupuesto fuera de plazo. Esta misma prerrogativa fue usada en la gestión presente cuando el presupuesto no fue aprobado a tiempo y tuvo que ser promulgado directamente por el Ejecutivo, garantizando la ejecución financiera desde el 1 de enero.
En el plano técnico, el Gobierno argumenta que el PGE 2026 heredado presenta distorsiones significativas, con un déficit fiscal superior al 10%, proyecciones irreales de ingresos y gastos sobredimensionados que no reflejan la situación real del Tesoro. Para cumplir su compromiso de reducir el déficit en 30%, reorientar la inversión pública, optimizar gasto corriente y transparentar las cuentas estatales, el nuevo equipo económico requiere más tiempo para consolidar cifras, recalibrar la política de subvenciones, revisar las empresas públicas y redefinir prioridades sectoriales.
De aprobarse la excepción, Bolivia iniciará 2026 con un presupuesto prorrogado, mientras el Ejecutivo presenta una versión reformulada en febrero, más ajustada a la realidad macroeconómica y a la nueva estrategia de estabilización productiva. El proceso permitirá corregir desviaciones estructurales del gasto público y establecer un PGE técnicamente sólido, jurídicamente respaldado y políticamente viable, en un año clave para la recuperación económica y la reconstrucción de la confianza institucional.
Redacción central La Paz
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