En la evaluación correspondiente a la gestión 2025, Bolivia se ubicó en el puesto 136 de 180 países, tres posiciones por debajo del lugar que ocupaba en 2024. Aunque el puntaje no varió, el descenso revela que otros países avanzan mientras Bolivia permanece atrapada en los mismos problemas estructurales.
El IPC no se basa en percepciones ciudadanas aisladas, sino en evaluaciones técnicas de organismos internacionales, analistas, empresarios y centros especializados. Entre los factores medidos están el uso indebido de recursos públicos, la impunidad de autoridades, la independencia judicial y la captura política del Estado, áreas donde Bolivia muestra debilidades persistentes.
La repetición del puntaje 28 refleja algo más preocupante que una mala calificación: la ausencia de reformas efectivas. A pesar de discursos oficiales y anuncios recurrentes de lucha contra la corrupción, los indicadores internacionales no registran mejoras reales en transparencia, control institucional ni sanción a los responsables.
Este estancamiento tiene consecuencias directas. Una mala posición en el ranking de corrupción afecta la confianza ciudadana, desalienta inversiones y debilita la credibilidad del Estado ante la comunidad internacional. Para analistas, el mensaje es claro: sin independencia judicial y sin controles reales al poder, Bolivia seguirá descendiendo, aunque el puntaje parezca “no empeorar”.
Cierre implícito
Más que una cifra, el 28 se ha convertido en una advertencia. Y el retroceso en el ranking confirma que el problema ya no es solo la corrupción, sino la normalización de ella.
Por equipo de redacción
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