El informe que desarma el relato oficial
Camin Cargo Control Argentina S.A. negó haber incumplido su contrato con YPFB y afirmó que los análisis realizados en enero no detectaron contaminantes en las muestras evaluadas. Esta declaración contradice la narrativa posterior del Gobierno, que terminó admitiendo la circulación de gasolina fuera de especificación. La diferencia entre ambos discursos no es menor: si el laboratorio no halló fallas, la contaminación no estaba en origen.
El punto ciego de la cadena estatal
YPFB controla el almacenamiento, trasvase, transporte y distribución del combustible en territorio nacional. Si la calidad se degradó después de los análisis, la responsabilidad recae directamente en la logística interna de la estatal. No se trata de un vacío técnico, sino de un problema de control operativo bajo tuición estatal, que no puede atribuirse a proveedores externos.
En un primer momento, YPFB utilizó los informes de control para garantizar que el combustible cumplía norma. Días después, el propio Gobierno reconoció daños en vehículos y combustible fuera de especificación. A esto se sumó un intento de aclarar que no existía una contratación reciente con la empresa argentina, aunque sí hay un contrato vigente firmado en gestiones anteriores. La confusión comunicacional terminó amplificando la crisis.
Más allá de la fecha del contrato o del alcance del muestreo, hay un hecho central: el combustible defectuoso llegó a los usuarios. Esa liberación al mercado fue decisión de YPFB. En términos administrativos y políticos, la responsabilidad no se traslada ni se fragmenta: recae sobre la empresa estatal bajo el de nominativo de sabotaje o no.
Por: Equipo de redacción
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