En los procesos de contratación pública —incluidos los que ejecuta YPFB bajo normativa — cualquier empresa no legalmente inhabilitada puede presentar una oferta. Las observaciones políticas, mediáticas o reputacionales no impiden automáticamente la participación si no existe una sanción administrativa vigente, una sentencia ejecutoriada o una prohibición expresa del Estado.
En el proceso PAC 5096, YPFB informó que Trafigura presentó la oferta de menor precio para los puntos de entrega DAP Arica y DAP Pocitos. Ese dato, por sí solo, no genera obligación contractual alguna. La normativa establece que el menor precio es apenas un elemento de evaluación, no una adjudicación automática.
Es precisamente en la etapa posterior —revisión técnica, jurídica y documental— donde la entidad contratante puede validar o descartar al oferente. En esta fase se analizan antecedentes, cumplimiento de requisitos, solvencia legal y riesgos institucionales. Si se detectan observaciones relevantes, la ley faculta a YPFB a no proseguir con la contratación, sin que ello implique irregularidad previa.
El debate real, por tanto, no es si Trafigura podía ofertar —porque legalmente podía— sino si YPFB debe o no firmar un contrato tras completar la revisión. Confundir ambos momentos no solo distorsiona el análisis, sino que alimenta una polémica política que poco contribuye a esclarecer responsabilidades y mucho a erosionar la confianza pública.
por: Equipo de redacción
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