El primer eje del proceso no es, hasta ahora, el contenido de las maletas, sino la conducta de los funcionarios. La Aduana afirma que los servidores de turno estaban obligados a aplicar el Reglamento para el Régimen del Viajero y Control de Divisas, independientemente de una orden superior. Desde ese enfoque, el caso gira en torno a una presunta omisión funcional.
Sin embargo, en materia penal, la reconstrucción de los hechos exige prueba suficiente y legalmente obtenida. Si no existe secuestro del equipaje, inventario del contenido ni cadena de custodia, el proceso podría limitarse a responsabilidades administrativas o formales. La ausencia del objeto físico debilita cualquier hipótesis de delito aduanero consumado.
El Ministerio Público puede intentar reconstruir los hechos a través de registros migratorios, imágenes de cámaras, manifiestos de vuelo, declaraciones testificales y documentación interna. Es decir, una reconstrucción indirecta. No sería la primera vez que un caso penal se sostiene sobre prueba documental y pericial, aun sin objeto material incautado.
No obstante, el estándar probatorio en juicio oral es alto. La detención preventiva responde a riesgos procesales, no a una sentencia anticipada. Si la investigación no logra establecer con claridad qué contenían las maletas, quién ordenó omitir el control y si existió beneficio indebido, el caso podría quedar reducido a indicios y medidas cautelares sin una condena firme.
Por: Equipo de redacción
About Author
