La vocera presidencial defendió la postura del Ejecutivo al asegurar que “no existe ningún miedo” y que el procedimiento correcto pasa por agotar etapas previas como la solicitud de informes escritos. Sin embargo, la interpretación jurídica no sería coincidente. Franz Barrios sostuvo que la interpelación es un instrumento de control político autónomo, reconocido por la Constitución, que no está condicionado a la presentación previa de Peticiones de Informe Escrito u oral.
De acuerdo con el análisis del jurista, el Reglamento General de la Cámara de Diputados establece la interpelación como un mecanismo directo de fiscalización parlamentaria. En ese marco, la exigencia de un PIE previo no tendría sustento normativo. Recordó además que en 2023 la Asamblea Legislativa logró censurar y destituir a la entonces ministra María Nela Prada, en un proceso que evidenció el alcance constitucional de este mecanismo de control.
El debate también pone en la mesa la eficacia del Ejecutivo frente a los requerimientos legislativos. Según datos expuestos por legisladores, desde el inicio de la actual gestión se acumulan cientos de Peticiones de Informe Escrito sin respuesta, muchas relacionadas con actuaciones de la administración anterior. Esta situación alimenta cuestionamientos sobre transparencia, eficiencia administrativa y rendición de cuentas.
En criterio de analistas, la controversia trasciende la figura puntual del ministro Medinaceli y abre una discusión de fondo sobre el equilibrio y la separación de poderes. La interpelación, como instrumento constitucional de fiscalización, no puede quedar supeditada a interpretaciones restrictivas que limiten el control político del Legislativo sobre el Ejecutivo.
Por Equipo de redacción
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