La controversia surge luego de que el presidente Rodrigo Paz anunciara desde Santa Cruz el inicio de la fase técnica para implementar el esquema 50/50, presentado como un nuevo modelo de redistribución de recursos.
Sin embargo, Barrientos declaró que no es posible fijar un plazo exacto para su aplicación y que el proceso podría tomar desde semanas hasta varios años, señalando que “lo peor que se puede hacer es dar plazos acelerados”. La mención de un horizonte de hasta 10 años fue interpretada por Camacho como una contradicción directa al anuncio presidencial.
En respuesta, el gobernador calificó las declaraciones como “ofensivas y reincidentes” y sostuvo que reflejan una posición centralista contraria a la agenda cruceña. Además, afirmó que mientras Barrientos continúe al frente del Viceministerio de Autonomías, la Gobernación no asistirá al Consejo Nacional de Autonomías.
El conflicto reabre el debate sobre la credibilidad y viabilidad política del 50/50. Mientras el Ejecutivo habla de una fase técnica en marcha, desde Santa Cruz cuestionan la coherencia del discurso gubernamental y exigen definiciones claras sobre tiempos y mecanismos de implementación.
La decisión de retirarse del Consejo introduce un nuevo factor de tensión institucional, ya que ese espacio está diseñado precisamente para coordinar políticas entre el nivel central y las entidades autónomas.
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Por Equipo de redacción
