Documentos judiciales estadounidenses detallan que Dávila participó en reuniones y llamadas con co-conspiradores entre 2019 y 2020, varias de ellas registradas por fuentes confidenciales de la DEA. En ese contexto, se produjo un hecho clave: la autorización para entregar un cargamento de prueba de 10 kilogramos de cocaína en Lima en diciembre de 2019.
Lejos de ser un episodio aislado, este envío formaba parte de una estructura mayor. Según la justicia de EE.UU., el entonces director de la fuerza antidroga boliviana no solo tenía conocimiento, sino que garantizaba protección para operaciones de narcotráfico a gran escala. El objetivo final era movilizar más de una tonelada de cocaína desde Bolivia, con tránsito por República Dominicana, hasta su destino en Nueva York.
La operación en Lima cumple un rol determinante en la acusación: en el mundo del narcotráfico, los envíos de muestra son utilizados para verificar rutas, calidad del producto y, sobre todo, los niveles de protección institucional. Para los fiscales, ese episodio evidencia que Dávila no era un actor secundario, sino un facilitador clave dentro de la red.
El caso expone un elemento particularmente sensible: la presunta utilización de estructuras estatales para viabilizar actividades ilícitas. Dávila, que dirigía la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, habría puesto ese mismo aparato al servicio de organizaciones criminales internacionales.
Por Equipo de redacción
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