Las previsiones de ambos organismos coinciden en un dato central: la economía boliviana se contraerá alrededor de -3,3% este año, lo que confirma un giro brusco frente al discurso oficial de estabilidad. No se trata de un tropiezo aislado, sino de la consolidación de un ciclo negativo que ya mostraba señales en la gestión anterior.
A este escenario se suma un elemento que golpea directamente el bolsillo: la inflación. Con una proyección cercana al 20%, el encarecimiento de productos básicos empieza a erosionar el poder adquisitivo, especialmente en sectores urbanos y populares donde el ingreso no crece al mismo ritmo que los precios.
El mercado laboral tampoco escapa a esta presión. El desempleo subiría a más del 4%, acercándose al 4,5%. Aunque el dato puede parecer moderado, en Bolivia esconde una realidad más compleja: la mayoría de la población sobrevive en la informalidad, donde no existen seguros, estabilidad ni ingresos garantizados.
Este cóctel —recesión, inflación y empleo precario— configura un escenario de estanflación, una de las situaciones más difíciles para cualquier economía. Mientras el país produce menos, la gente paga más por vivir.
Detrás de este deterioro aparecen factores estructurales que ya no pueden ignorarse: la caída de ingresos por hidrocarburos, la escasez de dólares, el déficit fiscal sostenido y una inversión privada que no logra despegar. A esto se suma un contexto internacional menos favorable, que reduce el margen de maniobra del Gobierno.
Pero más allá de las cifras, el impacto ya se percibe en la calle: familias ajustando gastos, comerciantes vendiendo menos y jóvenes enfrentando un mercado laboral cada vez más incierto. La economía dejó de ser un dato técnico para convertirse en una preocupación diaria.
Por Equipo de redacción
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