El comunicado reconoce que existen indicios de posibles actos delictivos y asegura que estos fueron puestos en conocimiento de instancias policiales y del Ministerio Público de Bolivia. Sin embargo, también admite que la información no se difundió en su momento debido a que el proceso se encontraba bajo investigación.
Ese argumento, aunque válido en términos legales, revela una dinámica recurrente en la gestión pública: la diferencia entre actuar y transparentar. En ausencia de cobertura mediática, el caso habría seguido su curso institucional, pero probablemente sin el nivel de escrutinio que hoy lo rodea.
La presión de los medios no solo acelera los tiempos políticos, también condiciona el tono de las respuestas. La reiteración de una política de “tolerancia cero a la corrupción” en el comunicado refleja más que un principio: evidencia la necesidad de contener el impacto reputacional ante una narrativa que ya se instaló en la opinión pública.
En este contexto, el rol de los medios resulta determinante. No porque definan la culpabilidad o inocencia, sino porque obligan a que los procesos dejen de ser internos y se sometan al control social. Sin esa exposición, el riesgo de opacidad —o incluso de dilación— es siempre mayor.
Por Equipo de redacción
