La crisis económica y social que atraviesa Bolivia volvió a poner bajo la lupa las promesas de campaña del mandatario. En distintos sectores urbanos y redes sociales se instaló la percepción de que el Gobierno perdió tiempo valioso para aplicar cambios estructurales que ahora serían mucho más difíciles de implementar en medio de protestas, bloqueos y polarización política.
Uno de los puntos más mencionados es la situación de las empresas estatales deficitarias. Durante la campaña, Rodrigo Paz proyectó una imagen de modernización, austeridad y eficiencia estatal; sin embargo, hasta ahora no se concretaron cierres o reestructuraciones profundas de entidades públicas observadas por sus pérdidas económicas.
Lo mismo ocurre con la Aduana Nacional, una institución que Paz cuestionó reiteradamente antes de llegar al poder y sobre la cual prometía transformaciones radicales. No obstante, desde el Ejecutivo no se avanzó en modificaciones de gran impacto, lo que alimenta críticas de sectores que esperaban decisiones inmediatas.
Analistas consideran que el Gobierno pudo optar por evitar un choque frontal con sindicatos, organizaciones sociales y estructuras estatales para impedir una mayor conflictividad. Pero el costo político de esa gradualidad ahora comienza a sentirse mientras Bolivia enfrenta escasez de combustibles, presión inflacionaria y movilizaciones que incrementan la incertidumbre.
En paralelo, crece un sector ciudadano que no se identifica plenamente ni con el oficialismo ni con los grupos movilizados, y que observa con preocupación el deterioro económico y la falta de consensos políticos.
Para varios observadores, la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en este contexto refuerza la sensación de que el país atraviesa un momento decisivo para definir si avanzará hacia reformas económicas más profundas o continuará administrando la crisis.
Por Equipo de redacción
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