En un pronunciamiento sobre la crisis social que atraviesa Bolivia, la CIDH sostuvo que las manifestaciones deben presumirse pacíficas y que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y facilitar el ejercicio de la protesta social como parte fundamental de una sociedad democrática.
Sin embargo, el organismo también alertó que los bloqueos de vías prolongados pueden afectar gravemente otros derechos fundamentales cuando impiden el paso de ambulancias, medicamentos, alimentos o insumos esenciales para la población.
Ante este escenario, la Comisión exhortó tanto al Estado como a los sectores movilizados a garantizar corredores humanitarios y adoptar medidas que reduzcan los riesgos para terceros, priorizando el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto.
La CIDH enfatizó además que cualquier intervención destinada al control de manifestaciones debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, recordando que el uso de la fuerza solo puede emplearse como último recurso.
Finalmente, el organismo instó a las autoridades bolivianas a fortalecer los espacios de diálogo democrático e implementar recomendaciones previas orientadas a reducir la conflictividad social y proteger los derechos humanos.
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Por Equipo de redacción
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