El Juzgado Séptimo de Instrucción Penal de La Paz determinó seis meses de detención preventiva para el exgerente de Logística de YPFB, Eddy Rolando T. I., y para el exgerente de Comercialización, Nelson Alejandro M. T., investigados por su presunta participación en la comercialización y distribución de gasolina desestabilizada.
Ambos se suman al exgerente de Productos Derivados e Industrialización, Carlos C. P., quien permanece recluido desde el pasado 6 de junio. Con estas decisiones judiciales, ya son tres los exejecutivos encarcelados dentro de un proceso que también prevé la convocatoria del expresidente de YPFB, Yusef Akly, y del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
Las detenciones representan un avance para una investigación que llega varios meses después de que el caso saliera a la luz pública, situación que ha generado cuestionamientos sobre la rapidez con la que reaccionan las instituciones cuando se trata de posibles daños económicos al Estado.
Sin embargo, la dimensión más sensible del caso aún está pendiente de respuesta. Hasta ahora la investigación se ha concentrado en establecer responsabilidades penales, pero todavía no se conoce públicamente una cuantificación oficial del eventual perjuicio económico generado por la compra, almacenamiento, tratamiento o comercialización del combustible observado.
La diferencia no es menor. Una eventual sentencia podría derivar en penas de cárcel para los responsables, pero ello no garantiza por sí mismo la recuperación de los recursos públicos presuntamente afectados. Para ello se requieren mecanismos adicionales de determinación y resarcimiento del daño económico.
En ese escenario, cobra relevancia el papel de la Contraloría General del Estado, que mediante auditorías especiales puede establecer indicios de responsabilidad civil, cuantificar el perjuicio económico e identificar a los servidores públicos involucrados en la cadena de decisiones.
Esos informes, además de fortalecer una investigación penal, pueden servir de base para acciones orientadas a recuperar recursos para el Estado.
Otro aspecto que comienza a cobrar fuerza es la amplitud de las responsabilidades investigadas. La comercialización de combustibles dentro de YPFB involucra procesos técnicos, controles de calidad, logística, comercialización y niveles ejecutivos. Por ello, la investigación busca determinar si las decisiones observadas corresponden únicamente a funcionarios de determinadas áreas o si alcanzan a niveles superiores de dirección.
En paralelo surge otra interrogante institucional: cuál será el rol que asumirá YPFB como presunta entidad afectada. Más allá de las acciones de la Fiscalía, la empresa estatal es la llamada a reclamar una eventual reparación económica si se demuestra la existencia de daño patrimonial.
Por ello, la siguiente etapa del caso no solo estará marcada por las imputaciones o detenciones. También dependerá de establecer cuánto dinero perdió el Estado, quiénes participaron en las decisiones investigadas y qué mecanismos se activarán para recuperar esos recursos.
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Por Equipo de redacción
