La declaración presidencial revela el núcleo de la estrategia gubernamental. Durante semanas, el Ejecutivo apostó por el diálogo, negoció con sectores movilizados y finalmente alcanzó un acuerdo con la COB. Sin embargo, los bloqueos persistieron en distintas regiones y el Gobierno concluyó que la crisis había superado la etapa de negociación.
Por eso, al anunciar el Estado de Excepción, Paz sostuvo que el país había llegado a un límite donde la inacción ya no podía justificarse como prudencia política. El mensaje está dirigido tanto a quienes exigen medidas más duras como a quienes cuestionan el uso de facultades extraordinarias.
Existe además un aspecto político relevante. Hace apenas unos días, el propio Gobierno insistía en que privilegiaba el diálogo y que el Estado de Excepción era el último recurso previsto por la Constitución. La nueva ley aprobada este mes otorgó el marco jurídico para esa posibilidad, pero Paz evitó utilizarla mientras existieran opciones de negociación.
Ahora el argumento cambió: el Presidente sostiene que la medida busca «devolver la libertad a la gente» y garantizar el abastecimiento, en un contexto donde carreteras bloqueadas y puntos estratégicos ya cuentan con resguardo militar.
La verdadera pregunta no es si el Gobierno tiene la facultad legal para actuar. La pregunta es si la Asamblea respaldará la tesis presidencial de que Bolivia llegó al punto donde no actuar se volvió más riesgoso que intervenir. Esa será la discusión que definirá las próximas 72 horas.
Por Equipo de redacción
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