Cuando Bolivia intenta recuperar la normalidad tras semanas de conflicto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, lanzó un mensaje contundente: la paz no puede edificarse sobre la impunidad. La autoridad sostuvo que los bloqueos provocaron graves daños a miles de familias y afirmó que la justicia debe investigar los hechos y determinar responsabilidades.
Las carreteras comienzan a despejarse, los bloqueos pierden fuerza y el estado de excepción avanza con respaldo institucional. Sin embargo, mientras Bolivia intenta volver a la normalidad, los principales medios internacionales coinciden en una advertencia: los problemas que originaron la crisis siguen presentes y podrían volver a encender el conflicto.
Bolivia transcurrió la primera jornada de manera distinta. Donde antes había bloqueos, hoy hay uniformados; donde reinaba la incertidumbre del desabastecimiento, aparece una frágil sensación de control. Pero bajo esa aparente calma persiste una duda que nadie puede responder todavía: si el estado de excepción cerrará la crisis o apenas abrirá un nuevo capítulo del conflicto.
El acuerdo con la COB no fue el final de la crisis, sino el preludio de una decisión más drástica. Tras semanas de negociaciones, bloqueos y creciente presión por el desabastecimiento, el presidente Rodrigo Paz activó el Estado de Excepción bajo el argumento de que el país no podía seguir paralizado. La medida abre una nueva etapa del conflicto: mientras el Gobierno busca recuperar el control de las rutas, la Asamblea tiene 72 horas para decidir si respalda o no el camino elegido por el Ejecutivo.
La promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción marca un punto de inflexión en la estrategia del gobierno de Rodrigo Paz frente a la crisis provocada por los bloqueos. Sin embargo, la norma por sí sola no activa medidas extraordinarias. El siguiente paso, y posiblemente el más determinante, será la emisión de un Decreto Supremo que establezca cómo, dónde y bajo qué condiciones se aplicará.
La Cámara de Senadores aprobó la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción y envió el proyecto a Diputados en medio de la crisis por bloqueos, combustible y protestas en Bolivia. Aunque la figura ya existe en la Constitución, el oficialismo busca eliminar controles y restricciones establecidos en la norma vigente para otorgar mayor margen de acción al Gobierno de Rodrigo Paz frente a escenarios de conflictividad.
