La decisión fue anunciada por el presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, tras la votación, y será comunicada al Ejecutivo. La ampliación extiende durante otros 90 días un régimen excepcional que el Gobierno justificó por los riesgos de nuevos bloqueos, movilizaciones y hechos que puedan afectar el orden público. Durante el debate legislativo, autoridades del Ejecutivo defendieron la necesidad de contar con mayores capacidades para prevenir y responder ante eventuales conflictos.
Pero incluso desde el propio Gobierno se introdujo un matiz importante: el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que la medida no garantiza que no vuelvan los bloqueos, sino que permite al Estado disponer de mayores herramientas para prevenirlos y actuar frente a ellos.
Y ahí está el verdadero desafío para la administración de Paz. El estado de excepción puede otorgar margen para enfrentar una coyuntura conflictiva, pero no puede convertirse en la fórmula para administrar permanentemente los problemas políticos, económicos y sociales del país. Gobernar sigue significando tomar decisiones, ejecutar políticas, resolver problemas y rendir cuentas dentro del marco constitucional.
Los próximos 90 días pondrán esa diferencia sobre la mesa. El Gobierno tiene que demostrar si la excepcionalidad será utilizada como una herramienta temporal para preservar condiciones de gobernabilidad mientras implementa su programa, o si terminará ocupando el lugar que debería tener la gestión ordinaria.
Porque contener un bloqueo puede ser una tarea del Estado; transformar esa capacidad de contención en resultados de gobierno es otra historia.
Por Equipo de redacción
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