CPE

«La Constitución no da de comer». La frase, cada vez más repetida en mercados, barrios y centros de abastecimiento, refleja el estado de ánimo de una población golpeada por la escasez, el encarecimiento de productos y la incertidumbre económica. Mientras actores políticos debaten sobre la legalidad de las medidas, la defensa de la democracia y la vigencia de la Constitución, miles de familias están concentradas en una preocupación más urgente: cómo abastecer sus hogares, sostener sus negocios y cumplir con sus obligaciones económicas. En ese contexto, Bolivia parece haber entrado en una nueva etapa de la crisis, donde los discursos empiezan a perder espacio frente a una exigencia mucho más concreta: resultados.

Cuando una crisis de confianza amenaza la estabilidad del país, el desafío no es únicamente político. La verdadera discusión es qué mecanismo constitucional puede devolver la decisión a los ciudadanos y generar un resultado que sea aceptado tanto por quienes ganen como por quienes pierdan.

En medio de una crisis marcada por bloqueos, problemas de abastecimiento y crecientes dificultades para el transporte de bienes y personas, el jurista Franz Rafael Barrios planteó una interpretación constitucional que traslada la discusión del terreno político al jurídico. Según su análisis, el mandato presidencial no solo otorga facultades, sino que impone obligaciones cuyo incumplimiento podría generar responsabilidades, abriendo además una interrogante sobre el alcance del término “ausencia” previsto en el artículo 170 de la Constitución Política del Estado, concepto que otros especialistas consideran debe interpretarse de manera restrictiva y vinculado a la imposibilidad objetiva de ejercer el cargo.