Durante el acto de promulgación, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que la nueva ley proporciona el marco legal necesario para ejecutar el plan diseñado por el Gobierno con el objetivo de restablecer el abastecimiento, garantizar la libre circulación y recuperar la normalidad en las regiones afectadas por los bloqueos.
En ese contexto, el mandatario dirigió un mensaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía, instituciones que tendrían un papel central en cualquier operación que se despliegue bajo el nuevo marco jurídico.
El énfasis presidencial estuvo puesto en la actuación profesional, el cumplimiento de la ley y la defensa del orden constitucional.
Sin embargo, más allá de la promulgación, existe un aspecto que ha recibido menor atención en el debate público: la ley establece las reglas, pero no ejecuta las medidas. Para que las disposiciones extraordinarias puedan entrar en vigencia, el Ejecutivo deberá emitir un Decreto Supremo que delimite el territorio de aplicación, la duración de las medidas, los objetivos operativos y las instituciones responsables de su ejecución.
En términos prácticos, la ley constituye la herramienta jurídica; el decreto será el instrumento que determine su aplicación concreta. Por ello, la atención política e institucional se desplaza ahora hacia las decisiones que adopte el Ejecutivo en los próximos días.
La promulgación deja al Gobierno con un marco normativo aprobado y vigente. La incógnita que permanece abierta es cuándo y bajo qué alcance se emitirá el decreto que transforme esa facultad legal en acciones operativas sobre el terreno.
Por Equipo de redacción
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