El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este lunes por dos tercios de votos el informe final de la Comisión Especial Mixta de investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios para la Policía Boliviana, en la que ratificaron una evidente corrupción en la adquisición de gases lacrimógenos y equipo no letal en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
En la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de la ALP en el hemiciclo de la Cámara de Diputados se determinó remitir este caso a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría General del Estado para ampliar las investigaciones contra los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; además de los exministro de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz y el presidente de la Aduana Nacional, Waldo Ramos, por los delitos de incumplimiento de deberes e impedir y estorbar el ejercicio de funciones.
En la sesión se dio lectura al informe de la comisión legislativa, el cual contenía 52 hojas de respaldo sobre las entrevistas, convocatorias, conminatorias y excusas presentadas por autoridades del Gobierno transitorio para evadir la investigación realizada por la ALP, por lo que incurrieron en el delito de incumpliendo de deberes como autoridades nacionales, restringiendo la información a la población y al Órgano Legislativo.
“Lamentablemente la comisión en su informe ha mencionado que los ministerios no han proporcionado la información que se ha requerido, se aprueba el informe final de la comisión y será remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General del Estado para el inicio de acciones legales contra las autoridades involucradas, porque sí existen pruebas de las licitaciones que expresan irregularidades ”, dijo la presidenta de la ALP, Eva Copa, en rueda de prensa al concluir la sesión legislativa.
En ese marco, la presidenta de la Comisión, Plácida Espinoza, dijo que estableció el delito de daño económico al Estado en la adquisición de este material no letal: «El Gobierno de Áñez compró de la empresa Cóndor y posteriormente hubo modificaciones a los contratos dos veces, el contrato era entregar los materiales en los recintos aduaneros de Bolivia, pero eso no se cumplió ”.
En el informe mencionado que se recolectaron documentos que determinan la compra de gases lacrimógenos y equipos antidisturbios a precios mayores a los pagados por el Gobierno de Venezuela y Ecuador, caso de corrupción en el que está involucrado el ministro de Gobierno, Arturo Murillo y el ministro de Defensa, Luis Fernando López.
La ALP conformó el 10 de junio la Comisión Especial Mixta de investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que fue adquirido por el ministerio de Defensa y Gobierno, con el propósito de establecer responsabilidades e identificar a los involucrados del posible caso de corrupción en la compra del equipo a la empresa brasileña Cóndor, mediante una compañía intermediaria.
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