En un acto realizado con miembros de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, expuso la Estrategia de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021 – 2025.
«El objetivo de esta estrategia es fortalecer las medidas nacionales para abordar los desafíos que presenta el tráfico ilícito de drogas, el control de la expansión de cultivos excedentarios de coca y el consumo de drogas en el ámbito de salud, educativo, familiar y comunitario en el marco de la responsabilidad común y compartida», manifestó la autoridad de Estado.
La estrategia contempla cuatro componentes y uno transversal, para lograr los objetivos trazados: el primero está referido al control del tráfico ilícito de sustancias controladas; y el segundo aborda el control de la expansión de cultivos de coca.
El tercer componente hace un abordaje integral del consumo de drogas en el ámbito de salud, educativo, familiar y comunitario; y el cuarto se refiere a la regionalización – coordinación internacional. Agrega un componente transversal: medio ambiente, género, derechos humanos.
«Tenemos programado un cambio normativo pendiente, generar un principio de proporcionalidad en la sanciones y penas, creemos que no es justo sancionar de la misma manera, al «pez gordo» y la víctima captada con sustancias controladas (…), debe haber sanción diferente en la cadena de producción de las sustancias controladas hasta el consumidor final», explicó Del Castillo.
Agregó que el modelo boliviano de Lucha Contra el Narcotráfico se caracteriza por la soberanía y respeto a los derechos humanos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, pues desde el 2008, se pasó del «desarrollo alternativo al desarrollo integral», en el que varios productores de la hoja de coca incursionaron en la producción de piña, palmito y otros productos, revalorizando al cultivo sagrado enmarcado por las normas.
Rememoró el modelo heredado antes de 2006, con la Ley 1008, que solo permitía el cultivo de 12.000 hectáreas de coca, sin tomar en cuenta el uso de la hoja milenaria en las tradiciones culturales, el acullico o la producción de mate de coca, pues la consideraba una sustancia controlada y se criminalizaba al productor, que, para poder optar por créditos bancarios se le pedía como un requisito no tener un cato (una extensión de tierra de 1.600 metros cuadrados) de coca.
«Entre 1996 y 2005 en el proceso de erradicación forzosa, se reportaron más de 60 muertos entre efectivos policiales y productores de coca, cinco desaparecidos, 523 detenidos y 700 heridos (…), existía una violación a los derechos humanos», expresó la autoridad.
Aseguró que se espera profundizar aún más el modelo boliviano de erradicación concertada de coca y de control de tráfico ilícito de sustancias controladas, pues la estrategia nacional fue reconocida por los organismos internacionales y elogiada como un modelo a replicar debido a su naturaleza basada en la conciliación con los sectores de la sociedad civil.
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