Los Estados Miembros expresaron su alarma por el hecho de que millones de personas no tengan acceso a unas intervenciones que salvan vidas y mejoran la salud. El gasto directo en atención de salud tiene unos efectos catastróficos para más de 1000 millones de personas, y arroja a la pobreza extrema a centenares de millones. Esta situación ha empeorado a causa de la COVID-19.
En respuesta a ello, los Estados Miembros acordaron una resolución de apoyo a los preparativos para la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal (CSU), que se celebrará en septiembre de 2023. Se entiende por cobertura sanitaria universal que todas las personas tengan acceso a toda la gama de servicios de salud de calidad, sin que ello les acarree dificultades económicas.
En un giro transformador desde el punto de vista de las políticas, los Estados Miembros de ingreso alto, mediano y bajo expresaron su firme compromiso para reorientar sus sistemas de salud basados en la atención primaria de salud como pilar para lograr la salud para todos y llegar en primer lugar a las personas más desatendidas. Alrededor del 90% de las intervenciones en materia de CSU pueden realizarse utilizando un enfoque de atención primaria de salud; desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, estas intervenciones podrían salvar 60 millones de vidas para 2030.
Los Estados Miembros insistieron en la importancia de demostrar el mayor grado de compromiso político en la reunión de alto nivel de septiembre a fin de llegar a una declaración sobre la CSU que sea concisa y esté orientada a la acción.
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