El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, ha expresado su preocupación ante la falta de aprobación de la ley de distribución de escaños, subrayando que sin esta normativa, basada en los datos del Censo Nacional 2024, el TSE no podrá llevar a cabo la delimitación de circunscripciones uninominales. Este paso es vital para garantizar una representación adecuada en la Cámara de Diputados y para mantener el calendario electoral que fija las elecciones generales en agosto de 2025.
Diversos políticos han compartido la inquietud de Vargas, enfatizando que la demora en la aprobación de esta ley podría poner en riesgo el proceso electoral. La Constitución Política del Estado de Bolivia establece que el mandato presidencial tiene una duración de cinco años con la posibilidad de una reelección continua, pero no contempla la prórroga del mandato más allá de este período, lo que agrava la situación.
En casos excepcionales, como una crisis política o una emergencia nacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional podría interpretar la Constitución para permitir una extensión temporal del mandato. Sin embargo, esta interpretación no puede reemplazar la necesidad de voluntad política por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar la ley de distribución de escaños. La falta de acción legislativa podría llevar al Tribunal Constitucional a tomar decisiones que tradicionalmente corresponden al poder legislativo.
La situación actual resalta la importancia de que la ALP actúe con celeridad para aprobar la ley de distribución de escaños. Solo mediante esta acción se podrá asegurar un proceso electoral sin contratiempos y evitar la incertidumbre que podría afectar la estabilidad política del país. La urgencia de esta medida no solo es un tema técnico, sino una cuestión de mantener la integridad del sistema democrático boliviano.
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