La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha dado un paso contundente al presentar una imputación formal contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata de personas agravada. Esta acción legal incluye una orden de aprehensión y la solicitud de una alerta migratoria, reflejando la seriedad con la que se está abordando el caso. Junto a Morales, también se ha imputado a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima. La fiscalía espera la audiencia de medidas cautelares, mientras que informes de inteligencia señalan posibles riesgos en la eventual aprehensión del exmandatario.
Las repercusiones de esta imputación no se han hecho esperar en el ámbito político y social de Bolivia. Los seguidores de Morales han denunciado lo que consideran una persecución política, argumentando que estas acciones son un intento de desacreditar al expresidente y su legado. En contrapartida, algunos sectores de la oposición han aplaudido la decisión de la fiscalía, afirmando que este caso demuestra que el sistema judicial boliviano está dispuesto a actuar contra cualquier individuo, sin importar su estatus o influencia.
El gobierno de Bolivia, por su parte, ha negado rotundamente cualquier acusación de persecución política. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ha declarado que la imputación y la orden de aprehensión contra Morales son el resultado de un proceso judicial independiente. Del Castillo subrayó que el gobierno respeta y garantiza la independencia del Poder Judicial, destacando que todas las acciones emprendidas están basadas en procedimientos legales y no en motivaciones políticas.
En defensa de Evo Morales, su abogado Nelson Cox ha argumentado que la imputación carece de elementos sólidos. Según Cox, no hay evidencia de la comisión del delito, ni una víctima identificada que sustente la acusación. Esta postura ha añadido una capa de complejidad al caso, con el equipo legal de Morales preparado para combatir las imputaciones en los tribunales. Mientras tanto, la sociedad boliviana observa con atención el desarrollo de este caso, que sin duda tendrá profundas implicaciones para el futuro político de Evo Morales.
Redacción central y agencias
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