Ante la falta de aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional antes del 1 de enero, el gobierno de Luis Arce se prepara para implementar el presupuesto mediante un decreto supremo. Esta situación ha generado incertidumbre sobre la inclusión de disposiciones sensibles, como los decomisos de mercaderías, que fueron retiradas del proyecto original por el ejecutivo. La posibilidad de que estas medidas sean reinstauradas por decreto ha suscitado preocupación en diversos sectores, que temen cambios significativos sin el debido debate parlamentario.
La decisión de David Choquehuanca, vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, de decretar el receso parlamentario ha sido objeto de críticas por parte de la oposición. Los diputados Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, y Luisa Nayar han cuestionado duramente esta medida, alegando que impide el tratamiento adecuado del proyecto de ley del presupuesto. Según Alarcón y Nayar, esta decisión deja en manos del ejecutivo la potestad de aprobar el presupuesto, lo que consideran un acto que socava la función deliberativa del legislativo y puede afectar la transparencia del proceso.
Desde el ejecutivo, se defiende la medida como una acción necesaria para evitar la interrupción de las actividades administrativas de las entidades gubernamentales, departamentales y municipales. Voceros del gobierno han señalado que, de no tomarse esta decisión, las operaciones del Estado podrían verse paralizadas, afectando la prestación de servicios públicos esenciales. No obstante, la falta de consenso y el contexto político tenso han alimentado la percepción de una crisis institucional que podría tener repercusiones a largo plazo en la gobernabilidad del país.
En este escenario, las expectativas están puestas en las próximas decisiones del presidente Luis Arce y su equipo. La aprobación del presupuesto por decreto supremo es una medida que, aunque prevista en la normativa boliviana, se considera excepcional y refleja la urgencia y la complejidad de la coyuntura actual. Observadores y analistas políticos advierten que la forma en que se maneje esta situación podría ser un indicativo del rumbo que tomará el gobierno en términos de relación con el poder legislativo y de la implementación de políticas públicas en un contexto de polarización y desafíos económicos.
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