En el marco de la primera reunión del Gabinete Ministerial de 2025, el Gobierno boliviano aprobó cinco importantes decretos orientados a reglamentar la Ley Nº 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y su régimen de incentivos, destacando medidas para impulsar la industrialización, la sostenibilidad energética y la inclusión financiera.
El primer decreto permite a las empresas públicas utilizar activos virtuales para realizar pagos de obligaciones contractuales, tanto en dólares como en otras formas de activos virtuales. Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, esta innovación busca modernizar los procesos financieros y facilitar el cumplimiento de compromisos.
El segundo decreto reduce el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 0% para la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales, en beneficio de sectores como el agropecuario, industrial, construcción y minería. Esta medida, alineada con el Plan de Desarrollo Económico y Social, busca promover la sustitución de importaciones y la generación de cadenas productivas de alto valor.
En el marco de las políticas de sostenibilidad energética, el tercer decreto exonera del IVA la importación de petróleo crudo, gasolinas y diésel oíl, garantizando el abastecimiento de hidrocarburos en el país. Además, se dispone un Gravamen Arancelario (GA) del 0% para bienes destinados a la producción de biodiésel, fomentando inversiones en energías renovables.
Con el objetivo de estimular la reinversión de utilidades, el PGE 2025 contempla la exención parcial del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas-Beneficiarios del Exterior (IUE-BE). Dependiendo del porcentaje de reinversión, las empresas podrán acceder a beneficios fiscales que van del 10% al 75% de exención.
Finalmente, el quinto decreto establece que los bancos múltiples y pymes deberán destinar el 6% de sus utilidades netas al cumplimiento de su función social, según lo estipulado en la Ley de Servicios Financieros. En 2024, las entidades financieras reportaron utilidades netas de aproximadamente $us 336 millones, un nivel que supera las cifras prepandemia.
“Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno con la reactivación económica, la industrialización sostenible y el desarrollo social”, declaró el ministro Montenegro durante una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo. Con la implementación de estas políticas, Bolivia busca consolidar su modelo económico y fortalecer su resiliencia ante desafíos globales.
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