El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, ha sido acusado de presunto enriquecimiento ilícito por el Viceministerio de Transparencia, que detectó movimientos económicos inconsistentes con su declaración jurada de bienes. Según la denuncia, las transacciones levantarían sospechas de un posible manejo irregular de recursos durante su gestión. Sin embargo, Lisperguer ha negado categóricamente las acusaciones, asegurando que sus ingresos provienen de actividades familiares relacionadas con la construcción, venta, alquiler y anticrético de bienes raíces. También ha señalado que no ha abandonado el país y que está dispuesto a someterse a la justicia para demostrar su inocencia.
En una rueda de prensa, Lisperguer criticó a los medios de comunicación por lo que calificó como un «linchamiento mediático», acusándolos de emitir juicios de valor en su contra y vulnerar el principio de presunción de inocencia. «Estoy en una situación injusta, pero presentaré todos los descargos necesarios. Lo que se me imputa no tiene sustento», afirmó. Además, explicó que su familia ha trabajado durante años en el sector inmobiliario, y que los recursos cuestionados tienen origen lícito. No obstante, su destitución por parte del presidente Luis Arce tras estallar el caso ha generado dudas sobre su futuro político y jurídico.
Lisperguer también reveló que enfrenta problemas de salud, como hipertensión y niveles elevados de azúcar, los cuales se han agravado debido al estrés de la situación. En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con imparcialidad y respeto al debido proceso. Mientras tanto, la denuncia se suma a una creciente lista de investigaciones contra exautoridades, reflejando el delicado equilibrio entre la lucha contra la corrupción y la necesidad de evitar la politización de la justicia.
Redacción central y agencias
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