El Estado Plurinacional de Bolivia, instaurado en 2009, buscó sentar las bases de un modelo inclusivo y soberano, reconociendo la diversidad cultural y priorizando la participación de los sectores históricamente excluidos. A 16 años de su creación, este modelo enfrenta retos significativos. Durante la conmemoración del Día del Estado Plurinacional, el presidente Luis Arce remarcó la importancia de blindar el proceso de cambio, adaptándolo a las complejidades actuales, como la creciente polarización política y los desafíos económicos, para asegurar la estabilidad del país y la continuidad de los logros alcanzados.
Un aspecto central de este proceso es el fortalecimiento de las empresas estatales y la soberanía sobre recursos estratégicos, como el litio, que tiene el potencial de consolidar a Bolivia como un actor global en la transición energética. Las empresas públicas, pilares de la economía nacional, deben garantizar una gestión eficiente, transparente y alineada con los intereses del pueblo. Sin embargo, el desarrollo de estas instituciones requiere no solo un marco técnico y estratégico, sino también una renovación ética que asegure su funcionamiento libre de corrupción y clientelismo.
En este sentido, mejorar la transparencia a nivel gubernamental, departamental y municipal es una condición ineludible para blindar el modelo plurinacional. La falta de acceso a información clara y verificable sobre la administración pública ha debilitado la confianza ciudadana. Iniciativas como la creación de observatorios ciudadanos y plataformas de fiscalización deben ser fortalecidas y complementadas con mecanismos que fomenten la participación social activa en la rendición de cuentas. Sin un compromiso real con la transparencia, los pilares del Estado Plurinacional se ven amenazados.
Finalmente, la justicia, como garante del estado de derecho, juega un papel determinante en la consolidación del proceso de cambio. Sin embargo, su independencia y capacidad para impartir la verdad material han sido duramente cuestionadas. Reformar el sistema judicial para que responda a los principios de imparcialidad, eficiencia y equidad es fundamental no solo para fortalecer la gobernabilidad, sino también para generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico. Solo con una justicia y una gestión pública fortalecidas se podrá blindar el Estado Plurinacional y garantizar su sostenibilidad en un contexto global cada vez más desafiante.
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