La reactivación del juicio por difamación contra el ex presidente boliviano Jorge «Tuto» Quiroga, que data de 2009, ha desatado una serie de cuestionamientos sobre las motivaciones detrás de la decisión judicial. El caso se centra en acusaciones de Quiroga contra el Banco Unión, al que calificó como una «lavandería de corrupción». Tras más de una década sin avances significativos, el juicio fue reactivado y programado inicialmente para el 31 de enero de 2025, aunque luego se suspendió debido a un retraso en el vuelo de Quiroga y fue reprogramado para el 13 de febrero.
La defensa de Quiroga, encabezada por el abogado Luis Vásquez, ha argumentado que este proceso judicial tiene un claro trasfondo político. Según sus abogados, la reactivación del juicio tiene como objetivo inhabilitar al ex mandatario como candidato presidencial, especialmente considerando las elecciones venideras. La defensa de Quiroga solicita la extinción del caso debido al largo tiempo transcurrido desde los hechos, lo que podría invalidar su continuidad. La estrategia de la defensa se enfoca en que la justicia debería haber resuelto el caso mucho antes, sin permitir que se prolongue por más de una década.
Por otro lado, algunos analistas políticos consideran que la reactivación de este juicio podría favorecer al ex alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien se perfila como un rival político clave en la región. La posibilidad de que la controversia sobre Quiroga afecte su imagen pública podría ser vista como una jugada estratégica en un entorno electoral cada vez más polarizado. De ser sentenciado el 13 de febrero, Quiroga tendrá la opción de apelar la decisión en un plazo establecido por la norma, lo que podría prolongar aún más el proceso judicial y continuar alimentando las especulaciones sobre las verdaderas intenciones de este juicio.
Redacción central y agencias
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